No todo el personal de una institución financiera tiene un papel y responsabilidad de monitorear actividad sospechosa.

En todos los países cooperadores, las leyes y los reglamentos contra el lavado de dinero, principalmente, se basan en las 40 Recomendaciones del GAFI y tienen el propósito de:

Los supervisores deben tener la facultad para imponer una gama de sanciones disciplinarias y financieras, y potestad para retirar, restringir o suspender la licencia de la institución financiera, donde corresponda.

Las transacciones de las cámaras de compensación automáticas (ACH) pueden incluir pagos del extranjero.

La supervisión de las actividades de la banca privada, por parte de la Junta Directiva, es un elemento crucial para tener un buen ambiente de administración de riesgo.

Entre los objetivos legales y normativos sobre la prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, se establece el “estándar de conocimiento”. A continuación, se detalla una breve definición del estándar de conocimiento. Determine si la definición es verdadera o falsa: A efectos de la ley, “a sabiendas” o “con conocimiento” significa que la persona sabía que el bien involucrado en la transacción representaba ingresos provenientes de algún tipo, aunque no necesariamente qué tipo de actividad, siempre que pueda constituir un delito conforme las leyes estatales, de su pais.

Todas las sociedades mercantiles creadas en un país deben ser inscritas en un registro mercantil.

El sistema informal de transferencia de valores presenta mayores riesgos para una institución financiera, debido a que:

Independientemente del plazo de tiempo que se exija para presentar un informe de actividad sospechosa, un sujeto obligado debe notificar en forma telefónica e inmediata a una “autoridad del orden público-apropiada” y a su autoridad normativa  principal, aquellas situaciones que presenten esquemas de lavado de dinero continuos o actividad de financiamiento del terrorismo.

Una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe ser capaz de obtener información de los sujetos obligados, y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente.